En junio del 2016,  la Asociación Nacional de empresas de Seguridad Integral e Investigación privada del país, presentó  a la Asamblea Nacional aportes al proyecto de ley de seguridad ciudadana;  en los que se manifestaba el sentir del sector de la seguridad privada y que pedía que la ley permita acabar con la problemática que afecta al sector, proponiendo soluciones que estén vinculados con el rol activo en la seguridad ciudadana,  como es el combatir la inseguridad,  de igual manera el  impedir la presencia de empresas piratas que utilizan armamento y servicios ilegales.

Considero que con esta ley, lo que se espera es planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar de mejor manera las actividades de las empresas debidamente calificadas y certificadas, ya que en la actualidad el SERCOP, mediante subasta inversa adjudica contratos a empresas que ofertan seguridad con menor cuantía, que en muchos de los casos no cubren el sueldo de los guardias y de allí se desprende la informalidad, es por ello necesario describir los servicios que puede dar la seguridad privada, entre ellas: física, armada, electrónica (que no está regulada en el país), investigaciones, poligrafías, etc.

Uno de los problemas que se vive en la actualidad es que no se poseen armas para trabajar,  porque está prohibida su importación, por lo que  se planteó como solución que en la normativa, se establezcan cupos para cada empresa que se dedique a esta actividad y que cumplen con todos los requisitos.

“El arma de fuego debe ser el último recurso para utilizar. Pero se deben mejorar los procesos, se debe de administrar los riesgos” ; cabe mencionar que existe la necesidad de trabajar en la especialidad de los guardias privados. Por cuanto que “El guardia un día tiene que brindar sus servicios a un centro comercial y al otro día tiene que ir a otro lugar con un trabajo diferente (…). Es por ello que lo más aconsejable es llegar a la especialidad”.

En el país existen 556 empresas de seguridad, que suman 68. 737 guardias. El 52% de estas compañías están registradas en Pichincha, seguida de Guayas,  es necesario reformar la Ley de vigilancia y seguridad privada para evitar incidentes. En la actualidad cada compañía maneja sus propios procedimientos, porque no existe una normativa. “No existen protocolos, no están publicados, no se sabe realmente qué es lo que se debe hacer en cada uno de estos casos, en qué horarios deben actuar, si existe público o no, qué tipo de armas deben usar según la custodia”. Es por ello urgente que se analicen y queden por ley establecidos los procedimiento de las compañías.

Dentro de las propuestas planteadas se mencionó el crear una Comisión de Seguridad nacional permanente, la misma que por asuntos de presupuestos podría trabajarse manera articulada entre el Ministerio del interior, las gobernaciones de las provincias, la policía nacional,  las empresas de seguridad privada y los cabildos,  la misma que sería de gran ayuda en términos de gestión pública para actuar de forma inmediata ante el crecimiento que se ha venido dando donde la  inseguridad preocupa a los ecuatorianos brindando soluciones este modelo lo tienen otras naciones y ha funcionado por ello no podemos ser la excepción.

La seguridad tiene solución solo está en hacer viable propuestas que cuentan con sustento y que se basan en modelos que han tenido éxito.